El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Guadalajara (ICA Guadalajara), Emilio Vega Ruiz, reflexiona sobre la situación que atraviesa la administración de Justicia en la provincia de Guadalajara, deteniéndose también para realizar un análisis de los problemas que preocupan y ocupan a los abogados, y sin olvidar las principales demandas y oportunidades que tienen los miembros del colegio profesional de Guadalajara por el mero hecho de ser colegiados.

1. ¿Cómo valora la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia?

Como Decano creo que tengo la obligación de hablar con franqueza, y la valoración no puede ser positiva. Una cosa es el texto de la norma, que sobre el papel partía de un diagnóstico razonable, y otra muy distinta lo que estamos viendo en los juzgados día tras día. Se ha puesto en marcha sin los medios materiales adecuados, sin un refuerzo suficiente de plantillas, sin una digitalización que funcione como debiera y, en nuestra opinión, sin haber escuchado lo bastante a quienes pisamos el juzgado cada mañana. El resultado era previsible: confusión, criterios dispares entre órganos, retrasos añadidos y, sobre todo, una carga adicional que está recayendo de lleno sobre los abogados y sobre los ciudadanos. La Abogacía advirtió de todo esto antes de la entrada en vigor, lo dijimos con claridad desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y por desgracia el tiempo nos está dando la razón. Una ley que se llama de eficiencia no puede traducirse en lo contrario, y ese es el riesgo que estamos viendo si no se corrige el rumbo cuanto antes.

2. En Guadalajara, ¿su puesta en marcha ha servido para descongestionar los juzgados en alguno de sus ámbitos?

Con sinceridad, en Guadalajara, no estamos viendo esa descongestión que se prometía; más bien al contrario, la situación nos preocupa cada día más. Conviene recordar que partíamos ya de un escenario tensionado: somos un partido judicial que ha crecido mucho en los últimos años por la cercanía con Madrid y por el desarrollo del corredor del Henares, con un volumen de asuntos que no se corresponde con los medios disponibles. La aplicación de la ley, lejos de aliviar esa carga, ha incorporado nuevos trámites y exigencias sin que se hayan reforzado de manera suficiente las plantillas ni los medios. Los compañeros del Colegio nos lo trasladan a diario: señalamientos cada vez más alejados en el tiempo, tramitaciones que se prolongan y la sensación, compartida, de que todavía estamos lejos del objetivo que la norma se planteaba.

A esto se suma una cuestión que para la Abogacía resulta especialmente delicada: el acceso a las oficinas judiciales. Estamos viendo cómo, en la práctica, se está tratando al abogado al mismo nivel que a cualquier ciudadano que acude al juzgado, y eso no se ajusta al papel que tenemos como colaboradores de la Administración de Justicia y a la función reconocida que desempeñamos. Es algo que estamos trasladando con respeto pero con firmeza. Y, además, ocurre en un momento en el que Atenea-Horus, la herramienta llamada a sustituir parte de la atención presencial, no termina de funcionar como debiera. Mientras esa plataforma no esté plenamente operativa y resuelva los problemas que hoy padecemos, entendemos que no es razonable restringir la presencia de los abogados en la oficina judicial. El orden lógico es claro: primero los medios y las herramientas que funcionen, después cualquier otra reorganización. Necesitamos, en definitiva, un plan específico de refuerzo para Guadalajara, porque lo que está en juego es la tutela judicial efectiva de nuestros vecinos.